REVELACIONES CHÚCARAS

A mi, francamente, me tiene podrido el -a estas alturas- paladín de las víctimas de Chile, Gonzalo Fuenzalida. A poco que se firmara el acuerdo entre Gobierno, Concertación y Alianza sobre delincuecia, el Presidente de la "Asociación de Víctimas de la Delincuencia" escribía una carta al Merculo reclamando el nuevo trato que el Estado debería asumir con quienes han sufrido la comisión de un delito.

Junto con Paz Ciudadana, esta ONG se han encargado que recordarnos que vivimos en un país inseguro, que a cada segundo somos las potenciales siguientes víctimas y que mientras la gente decente se esfuerza por vivir en sus bunkers, los delincuentes caminan tranquilos por las calles.

Fuenzalida afirma que la sensación de indefensión en la que viviría la gente, es provocada porque la reforma procesal penal asegura una defensa para todo imputado, mientras no hace lo propio con las víctimas, las que quedarían desamparadas y entregadas a un sistema en exceso garantista con quienes cometen delitos.

Es cierto que hay más gente de la que quisieramos, que resulta ser víctima de un delito, pero también en cierto que Chile es uno de los países más seguros de América y que tiene -creo- el índice más alto de población penal en relación a la general (dato). Pero esa indefensión de la que habla Fuenzalida es un diagnóstico facilista y mediático, antes que serio.

En Chile hemos optado por un sistema en que el Estado se encarga de perseguir y castigar a los delincuentes a través del Ministerio Público. Son los fiscales los que se encargan de investigar y acusar -en la mayoría de los casos- sin necesidad que la víctima inste dicha persecución, quien en todo caso y si lo desea, puede tomar un rol activo como querellante. Por lo tanto, no se entiende la figura de una defensoría de víctimas, sino como paradigma de un sistema ineficiente, como pretenden presentarlo Don Graf y sus amigos.

Sin embargo, Fuenzalida -quizás sin quererlo- sincera las verdaderas razones tras estas cruzadas anti delincuencia. Como en prácticamente todo, se asoma en beneficio económico que se puede obtener de todo esto. El miedo lucra y ahora se pretende que el Estado indemnice a quienes son víctimas de un delito. ¿Qué fundamento tendría dicha obligación fiscal? No parecer haberla. Fuenzalida intenta justificarla a partir de la falta que el Estado cometería al no brindar seguridad a sus compatriotas, quienes habrían entregado la posibilidad de la defensa personal a los organismos que conforman la estructura política, pero dicha elucubración no tiene mayor sustento que el permitir mantener un tema que le da de comer a un par de avispados que -quizás tampoco sin quererlo- fueron víctimas y se aburrieron de vivir en la paranoia que ellos y los medios han creado.

Yo fui asaltado en la puerta de mi casa y también han entrado a mi casa (a mi pieza) y se llevaron varias cosas que apreciaba bastante, pero eso no me inspira a volver loca a la ciudadanía con algo que no queremos que le pase a nadie, pero que está lejos de acabarse mientras no nos hagamos cargo de sus causas originales, las cuales han sido comentadas latamente en esta misma bitácora. ¿A alguien se le ocurre?

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