El lunes, El Mercurio
publicó una entrevista al Presidente de la
Corte Suprema. Casi al final, se le pregunta sobre la judicialización de algunos temas, llamados, valóricos. Tapia fue claro en señalar que no le hace "ninguna gracia que los temas valóricos lleguen a la Justicia. No somos nosotros los entes llamados a resolver los temas valóricos. Creo que son otras las instancias que deberían resolver sobre estas materias, no el Poder Judicial".
La absoluta incapacidad de los medios de comunicación por hacerse de estos temas y plantearlos con una altura dignificante, ha hecho que los ciudadanos interesados acudan a la justicia a zanjar las dudas que mantienen los conflictos. La absoluta incompetencia y prolijidad de los parlamentarios ha obligado, a quienes sí están interesados por cultivar el alma de chile a través de este tipo de discusiones, a recurrir a los tribunales en busca de las respuestas que en otro lado no encuentran.
La columna del domingo de Carlos Peña es bastante ilustrativa (como ya nos viene acostumbrando). Finalmente quienes deben decidir sobre la moralidad de los actos de cada uno de nosotros, somo nosotros mismos y lo moralmente conveniente no puede venir impuesto por una norma del Gobierno o por una resolución judicial que, por esencia, resuelve caso a caso. En este caso, el ejecutivo a entregado opciones a una sociedad heterogénea en creencias, valores y convicciones, y todos tenemos el deber de respetar los designios con que cada uno quiera regir su vida. Aquí, nuevamente, un grupete de paternalistas y conservadores desea que el resto actúe como ellos piensan y creen (pero no necesariamente como ellos realmente se comportan). Como dijo Peña, demonizar al Gobierno porque se hace cargo del fracaso de los padres, profesores y curas es, francamente, pueril.