REVELACIONES CHÚCARAS

La reforma al proceso penal se promocionó asegurando que tendríamos una justicia de primer nivel, con juicios a lo pelicula gringa donde la verdad se impondría de manera rápida y pristina. Pero la cosa no ha sido tan así. Si bien las estadísticas demuestran que gran parte de las causas iniciadas han terminado en condenas, es un número para la galería (quien tenga dudas, que busque las cifras). Pero no me interesa criticar el sistema, me llama y me ha llamado siempre la atención la actitud de quienes son y han sido siempre algunos de los protagonistas de los sistemas penales chilenos. Los abogados y sus roles.

Hoy el proceso penal es llevado (en gran parte de los casos) por dos agentes del Estado a los cuales se les han asignado dos funciones. El Fiscal, que persigue la responsabilidad penal (si es que existe) y el Defensor Público, encargado de ejercer los derechos del imputado. Sin embargo, desde que estudié en la universidad me he percatado que a la hora de representar a una y otra parte, los abogados asumen roles prejuiciados, toman partido y responden a una fidelidad mal entendida. Me explico.

El Fiscal asume que su misión es mandar al tipo a la cárcel. El Defensor asume que su misión es excarcerlar al tipo. Y eso se aprecia en las declaraciones que hacen en la tele o en la prensa (porque ahora los entrevistan, y ellos dan declaraciones, en procesos absolutamente mediatizados). Uno y otro actor no se han percatado que ellos no son los verdaderos protagonistas del proceso. Son los hechos. Ellos tienen la facultad y, sobre todo, el deber, de esclarecer los hechos y no el presentarlos a juez como su "cliente" o defendido pretende que sean expuestos. Si acuso a un tipo inocente mi deber es hacer presente que no hay suficientes antecedentes para mandarlo a la cárcel. Si defiendo a un tipo culpable, mi deber es lograr que sea condenado en un juicio justo y le sea asignada la pena que conforme a derecho merece.

Escuchar a los defensores argumentar que ellos simplemente presentan una versión ante tribunales y que son, justamente, los jueces quienes debe decidir la "verdad judicial", me parece un despropósito y no entender realmente en qué consiste ejercer la potestad del Estado de procesar a sus pares.

Entender realmente cuál es el rol que cumplen fiscales y defensores en el nuevo proceso penal, y no creerse los vedettos del sistema, solucionaría varios problemas. Disminuiría la sensación de impunidad, ya que no veriamos a los defensores como unos simples excarceladores. No existiría esa excusa burda con que muchos abogados no cumplen su deber social, al no querer representar a un delincuente, por objeción de conciencia. En fin. Se cumpliría realmente lo que se pretende con la reforma, juicios más rápidos, un uso más racional de los recursos judiciales, y sobre todo, una sensación de que el Estado cumple competentemente la esfera de soberanía que hemos delegado en las autoridades que han dado forma al nuevo sistema penal. Sorry por la lata.