REVELACIONES CHÚCARAS

El Gobierno presentó su proyecto de reforma a la LOCE y como era de esperar ya comenzaron los comentarios acerca de la iniciativa legal.

Dos han sido los puntos sobre los que se ha centrado el debate, que ha dado paso derechamente al rechazo por parte de la derecha. Por una parte lo que el Gobierno ha optado por llamar supresión del lucro y en segundo término la imposibilidad de que los colegios seleccionen a sus alumnos hasta 8° básico.

La derecha, en un hecho insólito que raya en lo ridículo ha creado un "gabinete en la sombra" repleto de próceres de la política que se estarían haciendo cargo de no sé qué cosa, salvo criticar e intentar justificar la negativa a las nuevas dos banderas legales que el Gobierno de Bachelet pretende impulsar (Loce y Binominal).

Rápidamente se ha hablado de un intento ideológico del Gobierno para estatizar la educación, reviviendo los fantasmas de la ENU y cosas por el estilo. Pero resulta que la propuesta está lejos de ir en esa dirección. En este país existen tres tipos de establecimientos educacionales: los privados, los subvencionados y los públicos. El tema está en que los colegios subvencionados, si bien son creados y administrados por privados, reciben un importante aporte del Estado (plata de todos) para llevar adelante su proyecto educacional. En este contexto, son conocidas ya las experiencias de colegios como el Britania, donde el sostenedor definitivamente se arrancó con toda la plata de las subvenciones y no puso un peso en el colegio. Ese fue el caso emblemático, pero la suerte de otros establecimientos si bien no ha sido la misma, da para pensar que se requiere un cambio en el sistema.

Hay sostenedores que de manera bastante menos burda, pero por lo mismo más avivados, han creado verdaderas empresas vinculadas a sus proyectos educacionales, sobre todo en el rubro inmobiliario, que les permite triangular dineros de subvenciones como si se trataran de inversión en el mismo colegio, pero que va a parar a las arcas de estas mismas inmobiliarias que ellos crearon. El sistema es complejo pero bastante pulcro en términos financieros. Sin embargo se pone el acento en la inversión en infraestructura solapado como si se mejoraran las condiciones de enseñanza, en vez de mejorar en sí la calidad de la educación destinando dichas platas a los RR.HH. de esos colegios, capacitando, especializando o nutriendo las mallas curriculares.

Finalmente, el colegio resulta ser una fachada para un negocio en que el único interés es el lucro y que los cabros no terminen en clases en el gimnasio o haciendo sus necesidades en el árbol del patio. Los recursos que el Estado son demasiados como para que se haga negocio con ello.

Nada impide que quien tenga un capital inicial para poner un negocio y quiera hacerlo bajo la forma de un emprendimiento inmobiliario, lo haga. Pero eso déjenlo para las iniciativas privadas. No lo hagan con fondos públicos.

Sin duda el tema va a provocar roces con actores tradicionales de la educación chilena. Estoy pensando, por ejemplo, en establecimientos de la Iglesia que se verán obligados a cambiar sus organizaciones internas, acomodándolas a los nuevos requisitos que impone la Ley para operar como sostenedor.

¿Quién podría estar en contra que se exija título profesional para administrar un colegio? o que se requiera que el sostenedor sea una persona jurídica sin fin de lucro. Porque nadie está pidiendo que alguien se dedique a poner colegios al gratín. No, esa persona va a tener sueldo y todo, el tema es que no haga negocios paralelos con platas que son de todos los chilenos.

Tema que va a dar que hablar, pero que la derecha ya se está encargando de desechar sin darle la posibilidad a los chilenos de debatirlo seriamente. Ellos acusan al proyecto de ideológico, pero pienso yo, si la postura de ellos no es ideológica, entonces ¿de qué estamos hablando?

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